La vacuna en el Reino Unido. El escándalo del aliado de Orbán. Hoy cumplimos un año
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Noticias de América - ONU denuncia ataques del gobierno venezolano contra la sociedad civil y la prensa
La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció este jueves « los constantes y crecientes ataques » del gobierno de Nicolás Maduro contra periodistas, defensores de  derechos humanos y  organizaciones de la sociedad civil venezolana. Conversamos con varios de los afectados. Allanamientos, confiscaciones de equipos y detenciones arbitrarias son parte de los hechos que denuncia Naciones Unidas en Venezuela. En su comunicado, la oficina de Derechos Humanos menciona particularmente a la ONG “Azul Positivo”, que fue allanada por las fuerzas militares y  cinco de sus miembros se encuentran bajo arresto. Conversamos con Juan Berríos, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia, donde sucedieron los hechos : « El 12 de enero, una comisión mixta conformada por la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Policía del estado Zulia practicaron ese allanamiento a las oficinas de « Azul Positivo » relata Berríos. « Se trata de una asociación que ha trabajado durante 15 años en la asistencia humanitaria y que es aliada de ACNUR, ONU Sida y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA). No hemos tenido comunicación con sus miembros. Detuvieron a seis personas  ese día y aun cinco se encuentran detenidas. Incluso se planteó presentarlas ante un tribunal militar, aunque esa idea se descartó y ahora están esperando presentarlas en un tribunal civil, ordinario. » dice Berríos. Es difícil entender la razón por la que una ONG que practica asistencia humanitaria en asociación con Naciones Unidas sea objeto de allanamiento y sus trabajadores, encarcelados. ¿Qué hace exactamente « Azul Positivo » ? ¿Qué es lo que le molesta tanto al gobierno venezolano ? Según explican las ONGs de la región del Zulia, en el contexto de  crisis económica que atraviesa Venezuela y sostenida por la cooperación internacional, « Azul Positivo »  desarrollaba un programa de asistencia alimentaria que consistía en la distribución de tarjetas prepagadas con un monto de 60 dólares, destinadas a las comunidades más vulnerables para facilitar la compra de alimentos. « Esto molesta al gobierno porque la alimentación ha sido una herramienta de control social »– sentencia Berríos.  « Se ha hecho a través de las cajas de alimentos que el Estado distribuye de manera ocasional, con irregularidades, de manera interesada, con elementos discriminatorios, etc. Estas ayudas internacionales como las de Azul Positivo compiten con esos programas de asistencia del gobierno . Son un estorbo, un factor que interfiere en esa instrumentalización del control social a través de los alimentos. » ¿Venezuela se dirige hacia una prohibición de la cooperación internacional ? Los ataques del gobierno también se han dirigido a una organización de gran renombre en Venezuela : PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. El pasado miércoles, su coordinador general, Rafael Uzcátegui, recibió una amenaza pública por parte de Diosdado Cabello, considera el segundo hombre más poderoso del chavismo. En su programa de televisión « Con el mazo dando », Cabello anunciaba que Uzcátegui debería ser investigado por afirmar que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había recibido fondos del gobierno de Reino Unido. « Uzcategui debe demostrar que el partido ha recibido esa plata. De no ser así, que asuma las consecuencias”-  afirmó Cabello en una frase que, en el tenso contexto venezolano, puede evocar persecución o arresto. Radio Francia Internacional conversó con Rafael Uzcátegui para conocer su reacción : « Diosdado Cabello ha ordenado abrir una investigación judicial en mi contra por unos tuits que hicimos PROVEA y mi persona para defender el derecho a recibir ayuda internacional » relata Uzcátegui.   « Pero esto es un patrón, es una campaña que tiene el gobierno para intentar crear un ambiente propicio para que la Asamblea Nacional obstaculice el trabajo de las organizaciones civiles mediante una ley. Y el foco de ese ataque tiene que ver con la criminalización de la recepción de fondos de cooperación internacional, indispensables sobre todo ahora,  en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria y pandemia. » Según Uzcátegui, los ataques y detenciones han aumentado desde la declaraciؚón del estado de alarma por el coronavirus. Pero más allá del número, lo que activa las alarmas es el perfil de los detenidos :  hasta el mes de octubre de 2020 las autoridades venezolanas habían arrestado 216 personas, de las cuales 66 eran periodistas; lo cual indica que la mayor preocupación del ejecutivo es invisibilizar la realidad sanitaria, no digamos la económica y la social. El número de periodistas detenidos supera incluso el de políticos arrestados en el mismo período : 66 contra 56. El ataque a los medios Además del allanamiento a la ONG Azul Positivo y la persecución a los activistas de derechos humanos,  la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denuncia también los ataques contra tres medios de comunicación y el acoso sistemático a periodistas. Uno de los medios afectados es el canal digital VPI TV, que funciona únicamente por señal de Internet.  El 8 de enero, su sede en Venezuela fue allanada por trece funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y el organismo de servicios tributarios, SENIAT. Ambos firmaron la orden de confiscar todos los equipos del canal. Un día después, a través de un comunicado, VPI TV se veía obligado a anunciar la suspensión de sus actividades en territorio venezolano. Radio Francia Internacional conversó con Gabriela Perozo, vice-presidente de información de VPI TV, quien atendió nuestra llamada desde Miami : « Ellos llegaron sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún permiso, llegaron a nuestros estudios, a nuestra redacción pidiendo documentos durante horas. Luego de ese procedimiento -que parecía más bien una excusa- incautaron todos nuestros equipos : cámaras, transmisores, todas las herramientas que usan nuestros periodistas para hacer su trabajo. »  cuenta Perozo. La periodista describe el canal como una vía de denuncia para las comunidades más desfavorecidas y rechaza la idea de que VPI TV funcionara como un instrumento político. « El que conoce nuestra programación sabe que nosotros no nos centramos en programas de opinión o de grandes analistas que estén todo el día criticando a Maduro. Nuestro fuerte era precisamente la figura del reportero que le ponía el micrófono a una persona que se le había roto una tubería en su calle. Esas voces ciudadanas golpean mucho más duro a Nicolás Maduro. » Naciones Unidas señala  que  los incidentes del 8 de enero corresponden a una serie de casos similares de periodistas intimidados e insta a las autoridades venezolanas a parar el acoso contra personas que realizan un trabajo legítimo. « Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida" afirma la ONU.
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