Dos semanas después de su promulgación, la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por la coalición de gobierno comenzó a provocar las primeras consecuencias de su aplicación. 

Mientras el PIT-CNT resolvió tomarse su tiempo para analizar cuál será la estrategia del movimiento sindical en su conjunto, varios gremios ya anunciaron su decisión de juntar firmas para derogarla. Entre ellos se encuentran los trabajadores de Antel, los de Ancap y los profesores de Secundaria de Montevideo. 

Para el Frente Amplio, el caso de torturas con una picana en una seccional policial tiene que ver con el ambiente represivo generado por la norma impulsada por el gobierno, mientras que la representante del FA en el directorio del Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente (Inisa), Andrea Venosa, advirtió que su aplicación duplicará el número de adolescentes privados de libertad. 

A su vez, desde la academia y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el texto aprobado se ve con preocupación, según coincidieron los docentes de la Universidad de la República Gabriel Valentín y Pablo Martinis, y el relator Edison Lanza.